por alejandro bernasconi, concepción del uruguay

La subsecretaría de Políticas universitarias comunicó hoy a la delegación que, en representación de la toma del rectorado de UADER viajo a Buenos Aires para mantener una entrevista, su no intervención en el conflicto debido a que la universidad tenía autonomía para resolver sobre sus regímenes concursales.
Como señalamos desde un principio queda claro que la Universidad tiene autonomía sobre estas cuestiones y que la propuesta estudiada y debatida en la comisión ad hoc, y finalmente aprobada por el Consejo Superior, no violaba ningún principio de la democracia universitaria y tampoco violaba ninguna legalidad.
Desde un principio se nos dijo que el proceso concursal era inaplicable para los docentes transferidos debido a que “no era un concursos universitario” y a que ponía en riesgo la existencia de la universidad y la posibilidad de titulaciones de sus alumnos. Que tal concursos violaba la (nefasta) Ley de Educación Superior a la que había que sujetarse y sería rechazada por la (también nefasta) COENAU. Además de las diversas fundamentaciones legales y fácticas respecto a lo que ocurre en las universidades argentinas sobre estos temas, sus regímenes laborales y las luchas de los docentes universitarios por articular concursos y estabilidad laboral (ver documentos de ambas CONADU), sosteníamos que la UADER debía hacer ejercicio de su autonomía aunque no hubiera completado su proceso de Normalización. El propio rector y el hoy ¿echado? ¿renunciante? fueron férreos defensores de estas supuestas limitaciones en el ejercicio de la autonomía y alentaron las lamentables confusiones.
Espero que al menos este punto quede definitivamente claro a los efectos de que se dejen de difundir falsos temores sobre los riesgos a futuro de la universidad, sus alumnos y sus trabajadores.
Esto no significa que la universidad sea plenamente autónoma, pero es parte de la lucha conseguirla, la misma lucha que dimos hasta hoy: primero para que haya ingresos por concursos y no designaciones directas, luego por la elección de los Consejos Provisorios, luego por que sean lo menos provisorios posibles y se respeten sus decisiones, ahora porque se realicen los concursos ordinarios de ingresos y los concursos para los docentes transferidos a los efectos de asignarles categoría (que se deberían estar convocando ya ¡¡¡)... Y los muchos pendientes y fundamentales: definición de un régimen de cargos y dedicaciones, debate democrático del presupuesto, elección de las autoridades ...
Pero a no confundirnos: nada de esto asegura la “excelencia académica”. La misma es posible de construirla realmente si, en principio, la propia comunidad de la universidad debate horizontalmente cual es la “excelencia” que sus actores y la sociedad están necesitando (no definidos en términos de patrones externos, ni de stándares de “calidad universitaria”, ni de rankings ficticios aunque funcionales al modelo de universidades, tampoco por la demanda laboral de títulos y los “perfiles profesionales” que el exige), sino a pura discusión política de qué universidad, qué conocimientos, qué valores son necesarios para una sociedad atravesada por la injusticia y la desigualdad. Esto supone poner en debate básicamente el currículum de las carreras, sus lógicas ocultas y las prácticas sociales que los atraviesan. Pero lamentablemente es un debate ausente.
Una cosa más: hoy se publicó en el El Diario la solicitada en respaldo de la resolución del Consejo Superior.
Un abrazo. Alejandro