EL GOBIERNO EN EL OJO DE LA OIT
Gisella Romero
Semanario Análisis
El Gobierno Provincial por primera vez podría recibir observaciones de la OIT debido que AGMER interpuso una queja por Violación a la libertad sindical, en el marco del conflicto por mejores salarios. Qué dice la presentación que pone acento en lo sucedido en 2008 y 2009 y las derivaciones que puede tener, a la luz de la huelga de los últimos días.
El 2 de junio , la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( AGMER) presentó ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) una queja por violación a la libertad sindical contra el gobierno entrerriano y el Consejo General de Educación (CGE). En el texto dirigido a la Directora del Departamento de Normas Internacionales, Cleopatra Doumbia Henry, al que tuvo acceso este semanario, la entidad denuncia la violación de los convenios 86,151 y 154, que fijan pautas sobre la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública, a raíz de la conducta de las autoridades en el conflicto por mejorar salarios.
En medio de la disputa por la recomposición de haberes que el gremio docente mantiene con la gestión de Sergio Uribarri, cobra relevancia esta presentación que hace foco en lo sucedido en 2008 y 2009, dado que es la primera vez que la entidad lleva un conflicto de esta naturaleza ante un organismo internacional.
Incluso, la queja será ampliada con las comunicaciones oficiales que llegaron a lo largo de esta semana, en que los maestros se plegaron al paro de 48 horas dispuesto por un Congreso Provincial y no reiniciaron el ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno.
Así, el gobierno podría terminar recibiendo recomendaciones por haber cercenado el derecho a huelga de los trabajadores de la educación de Entre Ríos y avanzado sobre las demandas del sector, lo que sería una verdadera ofrenta pública. Mientras tanto en el gremio celebran que la OIT se aboque al análisis del caso, porque esto demuestra que hay elementos para analizar que confirmarían que fueron vulnerados derechos y garantías en reiteradas oportunidades en estos últimos años.
Las Demandas
La presentación motorizada con el patrocinio de los abogados Héctor Luís Fischbach y su hija Verónica Fischbach, concluye con cuatro solicitudes al organismo internacional. En primer termino, requiere que AGMER se constituya como parte querellante, en segundo lugar, que comunique el contenido de la presentación a los denunciados., en tercer orden, sugiere que la queja sea estudiada por el Comité de Libertad Sindical para que pueda realizar recomendaciones en pos de que sean restituidas las libertades sindicales conculcadas a los trabajadores de la educación.
En ese punto, la queja sugiere además que se recomiende al gobierno y al Consejo de la Educación “ el cese de la actitud antisindical y persecutoria”, y que dejen sin efecto las normas para aplicar descuentos de haberes por adhesión a paros, dictadas en 2008 y 2009 y las que podrían llegar a emitirse este año, y que se abstengan de aplicar sanciones a directivos que no informen la adhesión de los docentes a las medidas de fuerza, así como terminen “ con sus amenazas de sanciones a las asociaciones sindicales y a los trabajadores del sector por ejercer licita y legítimamente sus derechos”
Finalmente el escrito que fue avalado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), insta a que se recomiende a las autoridades que garanticen las condiciones laborales y salariales que están “ostensiblemente vulneradas” según el gremio de docentes mayoritario de la provincia.
Los Paros que Siguen
El gobierno entrerriano ya fue notificado de la presentación y esta habilitado para efectuar las observaciones que crea conveniente. De hecho, desde AGMER entienden que ya debe haberlas elevado. No obstante, aunque no las concrete, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración está obligado a examinar el caso pasado un “ plazo razonable” de tiempo.
A la par. El gremio docente está en condiciones de elevar nuevas informaciones complementarias para apoyar la queja, de acuerdo a lo que consta en la nota rubricada por la directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, responsable de la Libertad Sindical, Karen Curtis, enviada a César Baudino el 17 de junio.
Por este motivo, el equipo de abogados del sindicato esta trabajando en la ampliación, con el objetivo de presentarla en la oficina del organismo, ubicada en Córdoba 950 en Buenos Aires. Será una ampliación en las que estarán reflejadas las tres notificaciones que envió esta semana la Dirección General del Trabajo a la entidad y las que pueden llegar como parte del conflicto actual, que no será clausurado sin una oferta económica que sea “ suficiente” para el sector.
ARGUMENTOS
A lo largo de unas 500 fojas que contiene la queja, AGMER fundamenta la presentación a partir de la reconstrucción cronológica del conflicto con el gobierno en 2008 y 2009, y las resoluciones que emitió que a su modo de ver violaron la libertad sindical y brinda argumentos fundados en la doctrina del Derecho. Además anexa datos sobre el estado edilicio de los establecimientos educativos en el territorio entrerriano, demuestra que las escuelas no tienen condiciones mínimas para ser consideradas lugares seguros y dignos y que tampoco están garantizada la higiene del trabajo, entre otra documentación.
De este modo, recuerda que hace dos años los maestros enrolados en el gremio realizarón medidas de carácter reivindicativo, con el fin de obtener una “ Retribución justa”, y el gobierno y el organismo que preside Graciela Bar emitieron una serie de “normas atentatorias contra el derecho a huelga”. Según plantea la entidad, esas resoluciones “tuvieron como objetivo efectuar descuentos salariales a quienes ejercieran estos derecho y perseguir a los directivos que no se avinieran a pasar la lista de los docentes adheridos a la huelga.
Y advierte que “ más allá de los discursos que expresan el respeto de las autoridades públicas hacia el derecho a huelga,, los mismos no son más que meras declamaciones sin sustento en la práctica gubernamental, ya que la normativa estatal dictada materializa todo lo contrario, al concretar con los descuentos por día de huelga una real afectación de los salarios docentes”
Por esta situación el sindicato caracteriza como “ ilegal” las sanciones pautadas, ante la falta de declaración de ilegalidad de las medidas adoptadas en la legalidad, y como intimidatorias, por que avasallan el derecho al paro. A su vez remarca que “ Tanto en los hechos como con la normativa dictada, el accionar del Estado aparece desprovisto de fundamento legal y su conducta ha de merecer el condigno reproche.
Por lo demás reafirma que “ ante la legalidad de las medidas de acción directa, el poder público vulnera la garantía primaria al operar el descuento a través de una directiva, por lo que insta a rechazar y condenar esta conducta, para el restablecimiento del orden jurídico violentado.
Más fundamentos
En la Presencia AGMER asegura que el gobierno tiene “una política salarial paupérrima respecto al sector docente”, y defiende el carácter legítimo de los paros convocados. A la vez, cuestiona que se dictaran normas para efectuar descuentos, a las que considera “atentatorias de las garantías constitucional”.
En este contexto, el gremio denuncia que en los considerandos de la Resolución 3217 del Consejo de Educación se establece “no abonar las remuneraciones por el tiempo en que los servicios han dejado de prestarse” y entiende que solo tienen “fundamentos aparentes”, por lo cual debe ser considerada nula e inconstitucional. También aclara que los docentes no cometieron ninguna conducta ilícita, porque no hubo ninguna resolución judicial o administrativa al respecto.
Por otro lado, la queja señala que los descuentos dispuestos por el Ejecutivo Provincial a los maestros “son una sanción administrativa y una lesión patrimonial infundada e ilegal”. Y condena la directiva oficial por ser “un capricho del Poder Ejecutivo, reñido de arbitrariedad”.
“La aplicación irreflexiva de la teorías según la cual día que no se trabaja día que no se paga, constituye una afrenta a las garantías constitucionales, consuma un despojo sobre el patrimonio de los docentes y constituye una vía de hecho”, define la entidad en el texto.
En definitiva, el gremio sostiene que la delegación provincial, “ no solo vulnera la garantía del derecho a huelga al descontar los días sin asegurar el debido proceso legal, sino que incumple los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Nacional”
Y esclarece que el Estatuto Provincial no puede calificar de ilegal una medida de fuerza, por que no tiene la potestad ni la competencia para hacerlo.
Incluso asegura que el gobierno “conspira contra la integridad del salario al descontarle montos a los maestros” y su actitud se vuelve ilegal porque lleva adelante un descuento sin basamento jurídico.
Paritarias y Persecución
La entidad gremial alerta en el texto sobre la utilización de mala fe por parte de la gestión provincial de la Ley de Paritarias Nº. 9624. que rige desde 2005 e instituye la convención colectiva de trabajo docente entre el CGE y las asociaciones de trabajadores con personería gremial. Afirma que la norma en distintas ocasiones ha sido usada “de manera distorsionada y extorsiva” por parte de los gobiernos, aunque centra su mirada en los conflictos laborales de 2008 y comienzos del 2009-
Por este motivo, en la presentación el sindicato trae al tapete que el CGE solicitó la conciliación obligatoria ante la Justicia el 26 de agosto de 2008, es decir, un día antes del inicio de las medidas de fuerza anunciadas para el 27,28 y 29 de ese mes, y que en marzo del año pasado fue a trabajo a solicitar que aplique la Ley de Paritarias, a pesar de que la propuesta económica que habían hecho ya había sido rechazada el 2 de marzo.
Por esto, AGMER puede concluir que la patronal “nunca ha utilizado el mecanismo de la paritaria en tiempo de paz”, sino que lo ha hecho para “ apagar incendios”, con el único propósito de desarticular las medidas de acción.-
Ahora bien, el gremio también acusa al gobierno de haber tenido “ una conducta absolutamente desleal” con los directivos de las escuelas, dado que a través de la Resolución 521/09dispuso que aplicaran la medida de “llamados de atención” a aquellos que no informaron sobre la concurrencia de los maestros a los establecimientos durante las huelgas de 2008 y la rigistrarán en los legajos.
“Esta normas tiene una sola finalidad: la persecución a quienes hayan ejercido su legítimo derecho a huelga y no han concurrido a su lugar de trabajo”, se puede leer en el manuscrito, donde también se resalta que el derecho a huelga ”jamás puede merecer la penalización de ninguna manera”
Y cierra alertando sobre la persecución penal que padecen los dirigentes sindicales de AGMER por parte del gobierno que hace dos años Judicializo el conflicto, dando origen a la causa caratulada “Elizar Sergio, Madoz Marta, Baudino Luís César, Sánchez Zulma, Sánchez Norma y Rodríguez Patricia/ desobediencia judicial” que se tramita en el juzgado de Instrucción 8 de Paraná.
“El hecho de que se haya promovido una causa penal desde el gobierno que incumple sus obligaciones primarias, tiene por único motivo generar un estado de temor en la docencia”, cierra el texto.