La dignidad educativa como compromiso visible del estado

Por Luís Fernández, AGMER Uruguay

 

            Cuando las consignas de campaña electoral adquieren importancia en el ejercicio político  de disputa de poder aparece el tema educativo como uno de los pilares esenciales de los proyectos de gestión; se habla de la escuela inclusiva, de la educación como único medio de formación ciudadana, se la describe como movilizadora e igualadora de oportunidades; en ella se deposita la  esperanza de futuro de la nación, en cierta manera se la enuncia como panacea de los males sociales. Sin embargo la experiencia de cada uno de los proyectos políticos no tienen su correlato en algo que es fundamental para todo ejercicio de gestión de gobierno, los recursos económicos con los cuales se sustentarán los presupuestos de mandato. Esta especial característica del ejercicio político de nuestro país, genera a poco de andar en cada uno de los gobiernos un escenario de demanda y de crisis recurrente, fundada particularmente en la escasez de recursos económicos por parte del estado. Esta situación transforma a la consigna electoral en algo estrictamente demagógico, se apela a uno de los elementos más sentidos por parte de la sociedad como lo es la educación, para traccionar la voluntad popular. Lo cierto es que si no hay recursos, no es posible concretar las aspiraciones electoralista, en cierta forma en virtud de esto se consuma periódicamente un fraude a la expectativa social.

 

            En este contexto planteado es importante definir cuales son los elementos fundamentales de los conflictos que se generan; en primera instancia la escasez de recursos presupuestarios para solventar responsablemente los deberes del estado y por otra parte el contexto económico en el cual estos recursos operan.

En primera instancia los recursos presupuestarios se encuentran vinculados estrictamente a la capacidad de recaudación de los estados provinciales y los fondos de coparticipación federal que estos perciben. En este sentido es importante poner de manifiesto que en el aspecto educativo a partir de la transferencia del estado nacional hacia las provincias su sistema a partir del año 1993, estas se hicieron cargo de solventar los nuevos gastos sin recibir los recursos que correspondían. Otro elemento no menos importante vinculado al crecimiento del compromiso económico estatal, es el aumento natural del sistema educativo y por otro lado la ampliación de las responsabilidades financieras en función de las del incremento obligatoriedad de la enseñaza, del desarrollo tecnológico, de los contextos sociales de crisis económica generada por el mismo estado, etc. Sin embargo los recursos presupuestarios si bien han aumentado en cuanto a cantidad dineraria, no se corresponden en proporción con el resarcimiento necesario por la transferencia de servicios y las demandas propias del incremento del sistema.

Como consecuencia del escenario planteado es indispensable que el estado provincial disponga de mayores recursos presupuestarios para afrontar los compromisos que le son propios, en este sentido la posibilidad de obtenerlos encuentra dos opciones genuinas, el aumento de la recaudación impositiva provincial o la alternativa es que estos fondos provengan del estado nacional por la vía de la  Coparticipación Federal de Impuestos en base a la recaudación de imposiciones como, IVA, ganancias, combustibles, etc. Precisamente esta última opción es la que más cuestionamiento recibe en estos tiempos. Esto se debe a que a lo largo de los últimos 35 años ha sufrido una  involución en el reparto de los fondos  entre nación y provincias; en 1973, de los impuestos recaudados por nación, se repartía en forma equitativa para nación un 48,5 % y las provincias un 48,50 %. En estos momentos la proporción de reparto se encuentra visiblemente distorsionada, 27 % para las provincias y el 73 % para el estado nacional. Esta sustancial modificación regresiva ha sido el producto de negociaciones recurrentes hacia la baja por parte de los sucesivos gobiernos provinciales, los cuales no solo han permitido esta realidad, sino que no demandan en forma efectiva un reparto equitativo de fondos,  entregándose mansamente al látigo económico disciplinador que el sistema representa. No es casual la coincidencia de las luchas gremiales de los empleados del estado en distintas provincias, demandando mejores condiciones laborales y dignidad salarial; sin embargo se ve a los mandatarios provinciales desfilando obsecuentemente demandando ATN, en vez de solicitar firmemente los recursos que les son menester para solventar políticas de justicia social y sistemas sanitarios, educativos dignos.

Un indicador interesante de la realidad planteada nuestro sistema educativo provincial, las cifras previstas para el corriente año muestran la siguiente situación en la distribución de recursos.

 

 

AÑO

INCISO 1

INCISO 2

INCISO 3

INCISO 4

INCISO 5

TOTAL PRESUP

 

Gastos en

personal

Bienes de

consumo

Serv.no

personales

Bienes

de uso

Transferencias

 

CGE - 2008

860.848.000

5.462.000

16.016.000

12.723.000

196.212.000

1.091.261.000

UADER 2008

78.605.000

989.000

1.469.000

501.000

2.200.000

83.764.000

 Totales

939.453.000

6.451.000

17.485.000

13.224.000

198.412.000

1.175.025.000

 

 

Los recursos del sistema educativo tienen una distribución particular que concentra la mayoría de sus gastos en la parte salarial del mismo y porcentajes muy reducidos destinados a costear su sostenimiento funcional, esto se puede apreciar en lo correspondiente a los bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. Este esquema de distribución ha perdurado a lo largo de muchos años, lo cual ha generado la realidad financiera con la cual se manejan nuestras escuelas, sin recursos financieros, sin insumos y con serias deficiencias edilicias funcionales en muchos casos. En cierta manera la estructura funcional de la educación provincial necesita de otra disposición de recursos para poder transformar un largo ciclo de desinversión que ha generado en la realidad de la que hoy formamos parte. No alcanza con programas parciales de reparación o de equipamiento didáctico, ya que la dinámica de la actividad demanda fondos permanentes para el mantenimiento necesario.

Analizando por otra parte el gran porcentaje que se asigna a salarios, a los ojos y oídos de la sociedad pareciera que el estado cumple con su responsabilidad de pagar salarios dignos; esto es lo que se desprende de las expresiones de los funcionarios de educación o economía cuando mencionan abultadas cifras o citan casos testigos de cargos como el maestro sin años de antigüedad. Sin embargo el aumento que ejemplifican con este caso, que es de un 40 % llevando el básico a $ 673,19, habla claramente de uno de las atropellos más importante que hace el estado con el trabajador docente, el pago de sueldos en negro, sino no se puede explicar como se llega al salario mínimo docente que es de $ 1.358,00. Aparejado a esto, si se analiza la elongación por antigüedad a lo largo del escalafón docente se aprecia un achatamiento que ha destruido la carrera docente.

Si se toman otras responsabilidades del estado con la educación, como las becas de transporte escolar las cuales han sufrido importantes recortes durante este ciclo lectivo, o las dificultades planteadas en el transporte de alumnos en el departamento Islas, o si se mira el importe destinado a alumnos para comedores que de $ 1,20 por día, cuando el costo calórico que un niño necesita en una dieta variada es de $ 4,50, para el almuerzo y desayuno o merienda, que es lo que corresponde al comedor escolar. Todos estos elementos mencionados son signos evidentes que el problema de recursos presupuestarios es central para el estado provincial, sin embargo para los funcionarios provinciales es más importante mantener “relaciones carnales” con el poder central, a costa de evadir las responsabilidades que les competen con su población y con los trabajadores que en medio de las carencias generadas hacen malabarismos para atender sus funciones y subsistir en el escenario inflacionario que irresponsablemente han contribuido a instalar visiblemente en la realidad cotidiana de nuestra vida, pero que neciamente intentan negar. Para modificar esta situación solamente queda un camino, el de la lucha perenne e inclaudicable de la clase trabajadora en pos de conseguir dignidad y justicia social.

 

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